Villavicencio Extortion and False Criminal Records Charges Filed Against Police and Private Individual
Summary
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos penales contra cuatro personas — dos intendentes activos de la Sijin de la Policía Nacional en Villavicencio (Nelson Montero Martínez y Fabián Enciso Flórez), un suboficial retirado (Audel Jaber Urrego Arévalo) y un particular (Ruben Dario Barrios Pardo) — por los delitos de concusión agravada y extorsión agravada. El caso se relaciona con exigencias económicas ilegales realizadas a una mujer en septiembre de 2025 en el área rural oriental de Villavicencio para eliminar falsos registros penales. Dos de los procesados, Montero Martínez y Urrego Arévalo, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por orden judicial.
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La Fiscalía Seccional Meta imputó a los cuatro procesados por concusión agravada y extorsión agravada conforme a su responsabilidad individual, cargos que no fueron aceptados por los investigados. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Nelson Montero Martínez y Audel Jaber Urrego Arévalo, mientras que la situación jurídica de Fabián Enciso Flórez y Ruben Dario Barrios Pardo quedó pendiente de resolución.
Para entidades del sector seguridad y autoridades disciplinarias, este caso subraya el riesgo de abuso de funciones policiales para exigir pagos irregulares a ciudadanos, particularmente en contextos donde se fabrican o manipulan registros penales. Las instituciones policial y de vigilancia deben reforzar controles internos y canales de denuncia para prevenir esquemas de concusión semelhantes.
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Entre los procesados se encuentras policías activos y retirados y particulares.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los intendentes de la Sijin de la Policía Nacional en Villavicencio, Nelson Montero Martínez, y Fabián Enciso Flórez; el suboficial retirado Audel Jaber Urrego Arévalo y el particular Ruben Dario Barrios Pardo, por su presunta responsabilidad en exigir dinero a una mujer para borrar falsos registros penales.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de concusión y extorsión, las dos conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados. Por disposición judicial Montero Martínez y Urrego Arévalo deberán cumplir medida de seguramiento en centro carcelario.
Según material probatorio recopilado por la Fiscalía, en septiembre de 2025 los procesados se habrían presentado en la vivienda de la víctima, en área rural del oriente de Villavicencio (Meta), requiriéndola para una identificación por su supuesta vinculación con un grupo criminal.
La mujer habría sido víctima de exigencias económicas ilegales en diversas oportunidades para que fueran eliminados los falsos registros penales.
PYMP/AMCJ/WABI/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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